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Del 10 al 15 de noviembre de 2014 

REPORTAJES ESPECIALES

            

Latinoamérica y Caribe: Las estadísticas, necesarias para impulsar un efectivo desarrollo para las mujeres

Por Juana María Nava Castillo
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Aguascalientes, México, noviembre (SEMlac).- Expertas de América Latina y el Caribe reconocieron que en esta región ha habido avances en la formulación de estadísticas desagregadas por sexo en algunas temáticas, pero puntualizaron que la ausencia o el limitado acceso a estos indicadores es una violación de derechos porque genera la inacción de los Estados, al invisibilizar a la mitad de la población.

Reunidas en el "XV Encuentro Internacional de Estadísticas de Género. Balances y desafíos en el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible Post 2015", las especialistas coincidieron en que los adelantos no se han reflejado en un verdadero cambio para el desarrollo y la igualdad sustantiva de las mujeres.

Dijeron que los gobiernos han utilizado las estadísticas para hacer mediciones e informes más completos y a tiempo, pero no para ejecutar políticas públicas que eliminen la discriminación.

El encuentro fue convocado por Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la representación de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) México y la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Realizada en esta ciudad del 5 al 7 de noviembre, la reunión contó con la participación de representantes de oficinas nacionales de estadísticas de 19 países de América Latina y el Caribe, así como de 12 mecanismos para el adelanto de las mujeres de naciones de la región, además de diversos organismos internacionales y especialistas en la materia.

Durante la primera jornada, Sonia Montaño, directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, destacó las buenas prácticas de las naciones del continente para incorporar la estadística desagregada por sexo, lo que ha permitido visualizar la realidad en algunas temáticas específicas, como la violencia que se ejerce contra ellas.

Señaló que es imprescindible que los Estados produzcan un sistema fuerte de estadísticas y evitar la privatización de la recolección de datos, por lo que hizo un llamado a fortalecer a las instituciones dedicadas a esta tarea y ampliar la gama de usuarios a la academia y la sociedad civil.

Destacó la necesidad de apostar a un desarrollo integral, profundo y democrático para lograr la no discriminación.

Gladys Acosta, experta electa del Comité de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), advirtió que contar con estadísticas con enfoque de género no necesariamente implica un cambio.

Reconoció, como lo hicieron otras panelistas, que ha habido avances "de jure" pero no "de facto"; es decir, de derecho pero no de hecho, porque aunque existan acciones encaminadas a la igualdad, a las mujeres les sigue costando trabajo acceder a las oportunidades en un sistema que se resiste al cambio.

Debemos, puntualizó la experta, alcanzar los tres niveles para realmente hablar de transformación: primero, el reconocimiento de derechos; segundo, el ejercicio de los derechos a través de políticas públicas y presupuestos, y tercero, el goce pleno de derechos.

"Esto implica un cambio de civilización, y creo que hombres y mujeres nos lo merecemos; hay que cambiar los modelos de desarrollo para hacerlo una realidad", dijo Acosta.

También en el primer día de trabajos, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez, dijo que para tener estadísticas verdaderamente útiles, la perspectiva de género debe estar presente en todo el proceso de generación de información, que va desde la planeación, la difusión y la evaluación de resultados.

Si todas las poblaciones se integran por hombres y mujeres, añadió, las políticas públicas se tienen que hacer con esta perspectiva para poder eliminar la desigualdad.

También destacó que uno de los frutos importantes que ha resultado de los XV encuentros de estadísticas ha sido la producción de datos desagregados por género en varias temáticas, aunque también dijo que la dinámica actual y la realidad nos rebasa y se requiere de esfuerzos constantes e innovadores para establecer soluciones desde la esfera de las políticas públicas.

"Contar con indicadores de género y establecer metas concretas para acortar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, es una obligación que debemos cumplir todos los Estados", agregó.

Todas las problemáticas que afectan a las mujeres y las niñas estarán en la nueva Agenda Post 2015, es indispensable atender las necesidades de información estadística oficial y de calidad para multiplicar y potenciar políticas públicas que garanticen el cumplimiento de nuestros derechos humanos, y con ello acelerar también el desarrollo y el crecimiento de nuestros países, el avance y el progreso de nuestras sociedades, dijo también Cruz Sánchez.

Así mismo, Ana Güezmes, representante de ONU-Mujeres en México, dijo que si bien ya tenemos evidencia en la región de cómo incorporar la perspectiva de género en la producción y análisis de la información estadística, y que esta es ya base de políticas públicas y presupuestos que se orientan al logro de la igualdad, aún falta verla reflejada en los resultados.

Somos la región más innovadora en producción de estadísticas sobre uso del tiempo, incluyendo su valor económico e inicio de políticas de cuidados, en incorporar la medición multidimensional de la pobreza -incluida la pobreza de tiempo-, así como en mejorar nuestros registros sobre violencia contra las mujeres.

Pero sabemos que estos avances serán mucho más rápidos en la medida en que las oficinas de estadística y los mecanismos para el adelanto de las mujeres logren establecer un diálogo continuo y sumar esfuerzos para revolucionar la forma en que se produce y analiza la información, teniendo presente la creciente demanda de estadísticas de género, destacó.

También el presidente del INEGI, Eduardo Sojo, remarcó el trabajo realizado durante los últimos 15 años en materia de estadísticas de género y dijo en este tiempo se han incluido temas como salud, trabajo, violencia, lo que ha servido de parámetro para medir desafíos y emprender acciones en esos campos.

Durante el primer día de trabajos del XV Encuentro Internacional de Estadísticas de Género se enlazaron vía teleconferencia para dar un mensaje breve Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de ONU-Mujeres, y Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL.

Mlambo-Ngcuka dijo que las estadísticas desagregadas oportunas y confiables deben servir de base para mejorar el progreso y medir los obstáculos, y que aquellas deben ser una oportunidad para el desarrollo de los países que en el siglo XXI permitan la igualdad de oportunidades y el empoderamiento de las mujeres y las niñas.

Por su parte, Bárcena destacó el avance en el trabajo metodológico para impulsar las estadísticas desagregadas por sexo, y puso énfasis en considerar fundamental repensar el mundo del trabajo y del cuidado, desde el compromiso del Estado, con acciones concretas a partir de las bases de datos que ya se han generado en la materia.

Latinoamérica y Caribe: Estadística de género debe usarse para generar política pública

Por Juana María Nava Castillo
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Aguascalientes, México, 7 de noviembre (SEMlac).- Aunque se ha avanzado en materia estadística de género para medir temas como la violencia contra las mujeres, pobreza, uso del tiempo y trabajo no remunerado, los países aún no utilizan la información desagregada para hacer política pública, prevaleciendo las acciones a corto plazo en respuesta a la presión de los medios de comunicación o de los poderes fácticos.

Además, la estadística es para generar acciones públicas, no para hacer historia, por lo que un punto crucial es contar con marcos normativos nacionales, paralelos a las recomendaciones e instrumentos internacionales, a fin de que se obligue a los países a hacer uso de esta herramienta de manera efectiva.

Esas fueron algunas conclusiones del "XV Encuentro Internacional de Estadísticas de Género. Balances y desafíos en el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible Post 2015", que se llevó a cabo del 5 al 7 de noviembre en esta ciudad mexicana.

Organizado conjuntamente por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ONU-Mujeres México y la División de Asuntos de Género de la CEPAL, la cita contó con la participación de expertas internacionales en derechos humanos de las mujeres, instituciones de estadística, mecanismos para el adelanto de las mujeres y áreas de planeación de política pública de 19 países de América Latina y el Caribe.

La realización de estos encuentros responde a los compromisos de los países con la generación de estadísticas de género ratificados en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos de las mujeres. En esta edición se abordaron diversas temáticas como violencia contra las mujeres, salud, participación en la toma de decisiones, migración, empoderamiento económico, agricultura, educación, pobreza y pueblos indígenas, mediante la participación de alrededor de 50 especialistas en cada área.

María de la Paz López, especialista en estadísticas de género de ONU Mujeres México, dijo en el cierre de la jornada que en los últimos 15 años la alianza entre las instituciones de estadística, género, mecanismos para el adelanto de las mujeres de la región, acompañadas por las agencias de la ONU y la CEPAL, ha arrojado adelantos importantes en la documentación de la desigualdad en algunas áreas.

Sin embargo, consideró que se debe invertir más y de manera constante en la generación de datos y en las oficinas de estadística.

Enumeró progresos como que ya 13 países cuentan con mecanismos de vinculación para las estadísticas de género. En 2010, 19 países contaban con información y estadísticas del uso del tiempo; 10 países con puntos focales o unidades de género en las Oficinas Nacionales de Estadística, y en 12 países había normas para la producción de estadísticas de uso de tiempo y/o de género.

Además, dos países ya cuentan con la medición del trabajo doméstico no remunerado y seis ya prevén medirlo. Se espera que para 2015 los sistemas de estadística con perspectiva de género estén alineados a los Objetivos de Desarrollo Social, actualmente en revisión.

La experta de Naciones Unidas dijo que hasta la fecha los principales esfuerzos se han centrado en acelerar los progresos en materia de estadística para los temas de violencia, uso del tiempo, trabajo no remunerado y pobreza, y destacó que las estadísticas de género deben estar en los planes nacionales de mediano y largo plazos, a fin de contar con las bases empíricas sólidas que sustenten las políticas, planes, acciones y presupuestos públicos para el empoderamiento de las mujeres, la igualdad sustantiva y el ejercicio de sus derechos humanos.

Marcela Eternod, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, de México, señaló que las áreas de estadística no son para hacer historia, sino para que, a partir de la información, se construyan políticas públicas.

Expresó que la generación de estadísticas es un proceso constante de deconstrucción, de eliminar sesgos de género y parámetros patriarcales a partir de los cuales se fabrican los números que, a su vez, reproducen estereotipos si no son revisados desde una óptica de género.

Puso énfasis en la actualización permanente, ya que refirió que aún existen bases de hace 30 años o más sobre las cuales se producen las estadísticas. Se requiere, dijo, ser ultra innovadoras, ante el carácter ultra tradicional y conservador de las áreas que producen las estadísticas.

Consideró que para que los proyectos estadísticos tengan perspectiva de género es necesario contar con marcos normativos y metodológicos acordes con las necesidades de la agenda de género. También es imprescindible tener presupuestos etiquetados para los proyectos estadísticos y una capacitación continua.

Las oficinas de estadísticas tienen que conocer cuáles son las necesidades de la agenda de género, saber e identificar las brechas de género, saber qué es una acción afirmativa. Pero los mecanismos para el adelanto de las mujeres, que operan los programas de igualdad, también deben aprender el lenguaje de las estadísticas, saber qué queremos con precisión, conocer las fuentes de información y contar con una enorme capacidad para analizar las estadísticas, añadió.

La funcionaria de Inmujeres México sostuvo que las mujeres tenemos derecho a que las políticas incidan en beneficio de la mitad de la población, y destacó que el feminismo no tiene nada de qué avergonzarse, pues lo que ha perseguido es la igualdad, y con ella la libertad y la justicia.

Por otro lado, Sonia Montaño, directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, destacó que aunque ha habido avances en la región, no se pude olvidar la gran heterogeneidad de los países en América Latina y el Caribe, algunos con enorme carencia de recursos y debilidad institucional.

Aun los mejores en estadística, todavía no las utilizan para hacer política pública; la forma que prevalece es la improvisación de corto plazo, por la presión de medios de comunicación o de los poderes fácticos, comentó la experta.

Estamos, dijo, en el camino institucional, pero la realidad de las mujeres no está resuelta. Y destacó la importante capacidad de la región cuando se actúa con sinergia

En el cierre del XV Encuentro Internacional de Estadísticas de Género, Sonia Montaño manifestó que las feministas "casi no nos hemos equivocado y hemos hecho cosas muy buenas", y que hay que fortalecer las luchas compartiendo el conocimiento, las capacidades e ideales a otras mujeres.

Latinoamérica y Caribe: Irreal la información estadística sobre violencia contra las mujeres

De la Redacción
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Aguascalientes, México, noviembre (SEMlac).- La información estadística sobre violencia contra las mujeres generada por los gobiernos de América Latina y el Caribe no responde a la realidad; hay inconsistencias metodológicas, en algunos casos ausencia de ética en las mediciones y, respecto a cifras de feminicidio, algunos gobiernos no tienen o no informan datos seguros para el panorama nacional, como los casos de México, Argentina y Brasil.

Las estadísticas, herramientas sustantivas para elaborar diagnósticos y políticas públicas, siguen planteando vacíos importantes pese a que las evidencias empíricas y los estudios o encuestas revelan que la violencia contra las mujeres limita su desarrollo y libertad y es muestra sustantiva de que la discriminación cotidiana conspira contra la democracia y la igualdad.

Especialistas en la materia que participan en el XV Encuentro Internacional de Estadísticas de Género, efectuado del 5 al 7 de noviembre en Aguascalientes, al centro del país, también plantearon que hacen falta datos de prevalencia y metodologías para evaluar la enorme cantidad de acciones y creación de instituciones para prevenir la violencia, por lo que no se sabe si las estrategias han permitido avanzar en frenar la cara más dramática de la desigualdad entre hombres y mujeres.

Claudia García Moreno, especialista en violencia de género del departamento de Salud Reproductiva e Investigación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), reconoció que todavía no es posible hacer análisis comparativos, aun cuando se ha estudiado el fenómeno desde hace 35 años, 19 países de la región han hecho 75 encuestas y desde 1998 más de 20 han incluido la medición de la violencia de género contra las mujeres.

Eso, explicó, abre un enorme espacio de opacidad sobre lo que realmente está pasando, por ejemplo, en situaciones de conflicto, crisis o desplazamiento; sobre la violencia infantil y el tema de los impactos emocionales para las víctimas, y tampoco se ha podido evaluar el papel de las personas encargadas de atender a las mujeres en el sector salud.

"Es mejor no tener datos a tener malos datos", dijo García Moreno al considerar que faltan indicadores confiables, medición de factores de riesgo, estudios rigurosos que permitan conocer variaciones dentro de los países y elementos para hacer comparaciones, georreferencias o situaciones de alarma. Tampoco hay forma de evaluar programas y acciones.

Si las estadísticas sirven para poner en marcha políticas públicas, en violencia contra las mujeres son sustantivas.

Por ello llamó la atención la presentación de Juan Huambachano, gerente del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público de Perú, ya que el registro de la violencia desde las distintas instituciones de policía, ministerio público, oficinas forenses o agencias receptoras de denuncias es fundamental para la estadística, y esos registros no existen en la mayoría de los países, son malos registros o están desvinculados entre sí.

En Perú, el Observatorio permite actualizar la información de la denuncia, fundada en expedientes y seguimiento, de manera ágil y sencilla. Se usan las nuevas tecnologías de la información y se encaminan a tener una estadística en tiempo real.

Eso, que parece fácil, ha requerido de voluntad política y decisión institucional; cuando eso no existe, hizo notar Huambachano, hay dificultad para conocer las verdaderas cifras. Esto es dramático cuando se trata de homicidios por razón de género; cuando las mujeres son asesinadas, a pesar de haber denunciado con anticipación su condición de riesgo, y es fatal cuando no hay coordinación en el intercambio de esa información y su análisis.

No obstante, el informe de octubre de 2014 del Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, presentado en esta reunión, revela que la violencia física o sexual infringida hacia una mujer por su pareja está generalizada en todos los países, es transversal a todos los estratos socioeconómicos y tiene diversidad territorial.

Algunos estudios globales confirman que 35 por ciento de las mujeres en el mundo ha sido víctima de violencia física o sexual. Un estudio de la OMS plantea con evidencias que la violencia puede evitarse si se previene.

La responsable del Observatorio, la chilena Alejandra Valdés, dijo a SEMlac que, sin embargo, solo se tienen datos comparativos de feminicidio en siete naciones de la región y que países grandes donde existen repúblicas federadas como México, Argentina y Brasil no han logrado aportar cifras oficiales. No respondieron a la solicitud de información, aunque en México se han hecho diversos estudios en la Cámara de Diputados y otras instancias.

En México, explicó Gisela Ramírez, subdirectora de Estadísticas Sociales y de Violencia contra la Mujer del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las primeras encuestas sobre violencia contra las mujeres se hicieron en 1999 en la Ciudad de México y, a partir de 2003, la Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) ha sido un instrumento fundamental para la política pública.

La última ENDIREH, de 2011, dejó en claro que hasta 50,7 por ciento de las mujeres en las diversas modalidades de pareja ha recibido violencia física o sexual, la cual ha sido muy grave para 28,7 por ciento de ellas. Pero la revelación más grave, aunque poco conocida, es que 73 por ciento de estas mujeres no recurrió a ninguna autoridad que debe atender o prevenir.

Este dato por sí mismo evidencia la urgente necesidad de políticas públicas en materia de educación, medios de comunicación de masas, valores en las relaciones sociales y un cambio cultural.

Evidentemente, en México no hay una encuesta para el feminicidio, esa información tiene que provenir de estudios de campo y datos de las áreas de justicia. Participante en este encuentro coincidieron en que es la cadena de justicia el tema de mayor rezago, por lo que las estadísticas y los diagnósticos deberían de ser materia sustantiva para sensibilizar a las distintas instancias de justicia.

No obstante, estudios y encuestas han generado políticas públicas y acciones directas consideradas como un avance. Tal es el caso de la creación, en la pasada década del ochenta, de las agencias de delitos sexuales o la existencia de un sistema nacional y una ley integral.

Pero todavía, como destacó Claudia García Moreno, los programas de prevención son "totalmente experimentales", pese a que existe un protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, que no se pone en práctica, y por ello no pueden evaluarse las intervenciones.

La mexicana García Moreno, que trabaja en la OMS en Ginebra, también dijo que es urgente mejorar el estudio, las encuestas e investigaciones para hacerlas rigurosas y tomar medidas integrales para prevenir el maltrato, poner en práctica cambios en normas sociales, en la educación y empoderar a las mujeres, tanto como dar respuesta a los múltiples factores que podrían evitar la violencia, como los servicios de salud, de justicia y seguridad.

El informe del Observatorio de CEPAL sostiene que la falta de información sobre violencia y de datos desagregados por sexos es un obstáculo para enfrentar debidamente la magnitud del problema.

El documento asegura que la visibilidad de la violencia contra las mujeres en los últimos 20 años ha generado un relevante progreso en la generación de políticas públicas, pero esto no ha ido de la mano con el avance en la producción de datos cuantitativos que permitan medir el fenómeno. Señala, como fundamental, resolver el déficit de información, pues también es un derecho de la ciudadanía contar con esos datos.

Participación política: Especialistas llaman a prevenir retrocesos en la región

Por Sara Lovera
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Aguascalientes, México, noviembre (SEMlac).- En América Latina y el Caribe se vive una regeneración democrática; es la región del mundo donde en muy poco tiempo creció la participación femenina en la toma de decisiones.

Datos estadísticos indican que las mujeres ocupan 25,7 por ciento de las bancas parlamentarias, representan 22,9 por ciento en los ministerios o secretarías de Estado y en la última década fueron electas cinco jefas de Estado o presidentas. Es, además, la región del mundo donde cinco países han legislado sobre la paridad electoral.

No obstante, es necesario prevenir cualquier retroceso, porque en la práctica hay resistencias sistemáticas en partidos políticos y en la sociedad, advirtió Irune Aguirrezabal, asesora de Liderazgo y Participación Política en América Latina y el Caribe de ONU Mujeres.

Este proceso remató el 12 de octubre último con la paridad real en la Asamblea Legislativa de Bolivia, donde 49 por ciento son mujeres, y llegaron a 44 por ciento en el Senado y 51 por ciento en las circunscripciones.

Este hecho coloca al país andino a la cabeza en América Latina y es resultado de un acumulado de lucha de las mujeres bolivianas feministas que promovieron una estrategia de vigilancia a las leyes electorales, mediante de un observatorio, explicó María Ángela Sotelo, de la Coordinadora de la Mujer en Bolivia.

Ese anuncio, hecho durante los trabajos de la mesa que examinó la estadística sobre la participación de las mujeres en la toma de decisiones, durante el XV Encuentro Internacional de Estadísticas de Género, efectuado en la norteña ciudad mexicana de Aguascalientes del 5 al 7 de noviembre, convirtió al salón de discusión en una fiesta.

Ahí María Ángela Sotelo explicó que de 1982 a 2009, la representación femenina pasó de 0 a 23 por ciento. En los cinco años siguientes se logró la paridad.

En un tema como promover la acción política de las mujeres, las estadísticas son muy valiosas para sensibilizar a los partidos políticos, a los líderes, dirigentes y a las mujeres para llegar a los puestos de decisión. Según Irune Aguirrezabal, asesora de ONU Mujeres, conseguir la paridad eleva la calidad democrática de un país, mejora la gestión pública, asegura un mejor desarrollo y, sobre todo, promueve la igualdad en la región más desigual del mundo.

En la mesa, Paula Soto, directora de Participación Social y Política del Instituto Nacional de las Mujeres, hizo la presentación del Observatorio de Participación Política en México, que será una herramienta sustantiva para vigilar y monitorear el proceso de elecciones en 2015, cuando se pondrá en práctica nacionalmente la paridad electoral.

La mesa de las especialistas, coordinada por la socióloga Guadalupe Espinosa, dejó en claro al auditorio que las evidencias estadísticas y los datos permiten tener una fotografía clara del largo proceso que ha significado promover la participación política de las mujeres y su acceso a la toma de decisiones. En el caso de Bolivia, una estrategia adecuada incluyó una campaña sobre el 50/50 que sensibilizó a la sociedad y sus resultados se reflejaron en las urnas el pasado octubre.

Al mostrar los ejes de la campaña, quedó claro que lo hicieron múltiple, considerando un lenguaje claro para las mujeres, mensajes efectivos para autoridades y líderes y, especialmente, una estrategia de medios capaz de acercar a líderes de opinión e informadores a su causa, un asunto clave porque el ascenso de las mujeres tiene muchos obstáculos, pero el de la opinión pública se forma en los medios, generalmente poco considerados en estas estrategias.

Aguirrezabal presentó una estrategia regional llamada Atenea, que con recursos de ONU Mujeres tiene el propósito de ofrecer asesoría y una guía para las mujeres líderes de la región, de modo que se mantenga esto que llamó un hito en la historia, del crecimiento sostenido en la participación de las mujeres.

Consideró fundamental vigilar el cumplimiento de las legislaciones electorales, el comportamiento de las élites de los partidos políticos y difundir ampliamente los cambios en los procesos electorales.

Las ponentes coincidieron en que la paridad electoral es el primer paso para la paridad social y económica, para que realmente se dé una transformación social, económica y política en los países de la región, donde el referente sea la igualdad no solo entre hombres y mujeres, sino en otros ejes fundamentales como el respeto a los derechos humanos, la igualdad económica, el empleo productivo y que la igualdad transversal a todas las clases sociales permita recuperar el desarrollo y el crecimiento sostenido y sustentable.

Atenea es, sobre todo, un proyecto de monitoreo impulsado en 19 países de América Latina que promueve la paridad, el desarrollo y la capacitación para que las mujeres accedan al poder. Pero esto no podrá ser, dijo la asesora de ONU Mujeres, si no hay recursos suficientes; no se puede hablar de paridad y promoción de derechos políticos, si las mujeres siguen recibiendo casi nada para sus campañas políticas, si no son promovidas por sus partidos.

Además, las participantes coincidieron en que existe un riesgo latente de violencia política contra las mujeres. Esto se funda en algunos hechos, en México por ejemplo, pero también en otros países de la región.

El ejercicio en la mesa permitió a las participantes preguntarse cómo hacer innovaciones en la estadística de género, qué asuntos nuevos abordar, qué fotografías de la realidad georreferenciadas serán útiles en el empeño de conseguir la igualdad de género mediante la participación política y social de las mujeres.

Las participantes, muchas de ellas técnicas en la información, especialistas en demografía, operadoras de sistemas de información estadística, celebraron la información de la mesa de discusión y coincidieron en que hay que desterrar, desarticular, desmontar los obstáculos que impiden a las mujeres acceder a la igualdad de hecho y no solo de ley.

Las estrategias de los observatorios, con la participación de la sociedad, las mujeres organizadas y las autoridades electorales, como es el caso de México, pueden ser el camino para garantizar que los partidos políticos cumplan con la ley, destacó Paula Soto, ya que la experiencia señala que a cada avance de las mujeres surgen formas, "mañas", acciones que intentan limitar los derechos políticos y el acceso de ellas a los puestos de decisión.

Pero no solo eso, sino que --dijo la representante de ONU Mujeres--, conspiran contra el desarrollo de las mujeres, la pobreza, la desigualdad social, la falta de empleo, el problema de la justicia y, por supuesto, la creciente violencia contra las mujeres.

Los observatorios y la tarea de empoderar a las mujeres deben enfocarse integralmente al diagnóstico y la explicación de estas realidades para tomar acciones que reequilibren el poder y la justicia. Es un asunto, además, de democracia.

Se destacó, igualmente, la importancia de las acciones positivas, con el establecimiento de las cuotas electorales y otras acciones que han contribuido al rápido crecimiento en la representación política, crecimiento que es irreversible e inaplazable.

Población: Sin indicadores, poco que hacer en materia de migración femenina

Por Juana María Nava Castillo
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Aguascalientes, México, noviembre (SEMlac).- Por sí sola, la migración es un problema de derechos humanos no atendido ni resuelto; pero al tratarse de mujeres, se convierte en un asunto más delicado por la condición de vulnerabilidad en que la mayoría de ellas se traslada de frontera a frontera, siendo principalmente víctimas de violación sexual.

Pese a que tienen algunas referencias, no se cuenta con una estadística oficial y desagregada por sexo que permita dimensionar el problema para implementar acciones concretas y eficientes que atiendan este asunto, dijo la experta en el tema Monserrat Hernández, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Durante el "XV Encuentro Internacional de Estadísticas de Género. Balances y desafíos en el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible Post 2015", efectuado del 5 al 7 de noviembre en Aguascalientes, al centro del país, Hernández refirió que en el mundo hay 214 millones de personas migrantes, de las cuales 50 por ciento son mujeres.

Se estima que para 2050 se duplique el número de personas migrantes en el mundo para llegar a 405 millones. La migración interna en las naciones se calcula en alrededor de 750 millones de personas actualmente, según la OIM.

En el transcurso del XV Encuentro de Estadística, que convocan conjuntamente el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ONU-Mujeres México y la División de Asuntos de Género de la CEPAL, la experta mencionó que el contexto social e institucional es lo que hace a las mujeres más vulnerables a ser víctimas de la violencia generalizada, a la trata y tráfico de personas, al abuso sexual, a la discriminación y en general a una constante violación a sus derechos humanos

A esto se suma la vulnerabilidad interseccional, pues no enfrenta las mismas condiciones una mujer mayor, que una joven, una mujer indígena o embarazada, una niña o una adolescente.

Según la "Encuesta sobre Migración y Salud Sexual y Reproductiva de Migrantes en Tránsito entre la frontera de México y Guatemala 2009-2010", publicada por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), 28 por ciento de las migrantes refirieron ser víctimas de abuso sexual a cambio de bienes, dinero o protección. Un 29 por ciento reconoció ser sujeta de violencia psicológica.

A diferencia de las pasadas décadas de los sesenta, setenta y ochenta, cuando se les atribuía razones de acompañamiento con familiares, ahora se reconoce que las mujeres en general migran por razones económicas, de búsqueda de oportunidades, porque son sostén de familia o porque desean una mejor calidad de vida.

Sin embargo, las condiciones en que lo hace la mayoría de quienes se trasladan de manera irregular son de extremo peligro, por lo que han optado por prevenir embarazos ingiriendo anticonceptivos mientras hacen su trayecto, indicó Monserrat Hernández, al participar en el panel "Estadísticas de género y migración".

En materia legislativa, refirió, ha habido avances como la despenalización de la migración en 2008, o el acceso a la justicia a la que tienen derecho las personas migrantes, así como la misma Ley de Migración y la Ley sobre refugiados y protección complementaria y asilo político. Más recientemente, con la Ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata y para la protección y asistencia a las víctimas de esos delitos.

Destacó, no obstante, que los retos son muy grandes debido a la falta de información y datos desagregados, sin los cuales no se puede sensibilizar en el tema, ni aplicar políticas que brinden atención a la problemática de la migración femenina, la cual es transversal con otros problemas nodales, como la violencia, la salud y la pobreza, entre otros.

En el mismo panel, la titular de Estadística en la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación en México, Graciela Martínez, reconoció que hay una significativa carencia de datos del tema migratorio, y más aún si se enfoca a las mujeres, y lo atribuyó, entre otras cosas, a la diferencia conceptual y jurídica de las diversas fuentes de información.

Aceptó que el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (Proigualdad) 2013-2018 obliga a todas las entidades de la administración federal a incorporar la perspectiva de género en sus estadísticas; por ello, uno de los retos es generar nuevos criterios de recolección de datos y construcción de indicadores.

Salud: Necesario poner rostro humano a las estadísticas

Por Juana María Nava Castillo
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Aguascalientes, México, noviembre (SEMlac).- La mortalidad materna y el embarazo adolescente siguen siendo retos pendientes en materia de salud de las mujeres en América Latina y el Caribe, coincidieron expertas de la región, al enfatizar que una de las formas para tomar acciones concretas es poner una óptica humana a las cifras que muestran la realidad de las enfermedades y defunciones.

A partir de reconocer que las personas tienen una historia y condiciones de vida que las llevan a enfrentar alguna enfermedad es como se pueden tomar acciones efectivas para la atención de la salud, en especial la de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, expuso Edda Quiros, del Ministerio de Salud de Costa Rica.

La especialista participó en el "XV Encuentro Internacional de Estadísticas de Género. Balances y desafíos en el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible Post 2015", que se llevó a cabo del 5 al 7 de octubre en esta ciudad mexicana, organizado conjuntamente por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ONU-Mujeres México y la División de Asuntos de Género de la Cepal.

Quiros consideró que, además de producir los datos, que en materia de salud en general se encuentran más desagregados por sexo, es indispensable analizarlos desde un marco de derechos humanos, dejar de hacer clasificaciones y abordarlos simplemente como "casos", para conocer las realidades que enfrentan las mujeres y las causas de las enfermedades y decesos para emprender medidas y políticas efectivas.

Anna Coates, jefa de la Unidad de Género y Diversidad Cultural de la Organización Panamericana de la Salud, dijo que las instituciones están acostumbradas a trabajar con modelos establecidos, pero que es necesario sensibilizar y promover que en la toma de decisiones estén los actores correctos para implementar las políticas de salud con un enfoque de género.

En el documento "Población y salud en América Latina y el Caribe: retos pendientes y nuevos desafíos", la CEPAL expone que la región ha logrado avances significativos en materia de salud y salud sexual y reproductiva, pero que en algunas de las variables examinadas no se alcanzarán las metas fijadas para 2014 o 2015, de manera que permanecerán como retos pendientes.

Y señala que "son los casos de la mortalidad materna -en que se conservan niveles inaceptables- y la fecundidad adolescente -cuyo alto nivel persiste. Dicha evaluación pone de relieve la necesidad de emprender acciones clave al respecto".

En el ámbito de la mortalidad materna, "son conocidos los pilares que pueden aportar logros significativos: atención calificada de los partos, cuidados obstétricos de emergencia y planificación familiar".

En cuanto a la fecundidad adolescente, dice, "las medidas deben orientarse a promover el acceso de jóvenes y adolescentes a la información, la educación sexual integral de calidad, los servicios amigables de salud sexual y reproductiva, la anticoncepción y prevención del VIH y la protección contra todo tipo de presión, violencia, abuso sexual y explotación".

La Cepal también pone énfasis en la necesidad de eliminar la inequidad en materia de salud, ya que pese a mejoras, continúan siendo muy marcadas las brechas en los indicadores de salud y salud sexual y reproductiva según países, áreas geográficas, grupos sociales, origen étnico y nivel educativo, entre otras característica, lo cual limita los avances respecto de las metas sociales en general y las de salud en particular, retroalimentando de esta manera las condiciones de pobreza.

Por ello, hace un llamado a que los Estados refuercen la voluntad política, los recursos y los esfuerzos dedicados a reducir las desigualdades que obedecen a la falta de justicia social y la pobreza.

Las expertas en el tema coinciden en que la deuda más decisiva de la región continúa siendo la reducción y eliminación de las inequidades de acceso a servicios integrales de salud y a la salud sexual y reproductiva, que representan un menoscabo permanente del ejercicio de los derechos de las poblaciones excluidas, entre las cuales se cuentan las personas residentes en zonas rurales, las de menor educación formal, las poblaciones indígenas y afrodescendientes y los sectores más pobres de la sociedad.

Y se reconoce que tales inequidades son el resultado de la falta de políticas y programas públicos de salud o de sus deficiencias en materia de diseño e implementación y, además, existe el riesgo de que se estén incrementando como consecuencia de los arreglos para la gestión privada o mixta a que dieron lugar las reformas del sistema de salud.

Por lo tanto, hicieron hincapié en el papel que deben asumir los Estados de la región en la promoción de mejoras estructurales y de infraestructura orientadas a ampliar la disponibilidad y perfeccionar la oportunidad y calidad de los servicios, con prioridad al acceso de las poblaciones apartadas, marginadas o discriminadas y la adopción de medidas que apunten a aumentar la participación y empoderamiento de las comunidades y las personas, a fin de que ejerzan el mayor grado de control posible sobre los factores de que depende su salud.

OTRAS INFORMACIONES

Argentina: Legalizar el aborto "no es legalizar una muerte, es legalizar la no maternidad como elección de vida válida"

Por Norma Loto
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Buenos Aires, noviembre (Especial de SEMlac).- El problema es el útero. No hay otro órgano de la biología del varón ni de la mujer que haya creado tantos estereotipos y disputas. Será por eso que muchas voces dicen que, cuando se logre la legalización del aborto, es decir: cuando cada mujer pueda decidir sobre su útero, se iniciará un paradigma en la humanidad basado en la igualdad.

La legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue tratada el pasado 4 de noviembre (4N) en la Comisión de Legislación Penal del Congreso de la Nación de Argentina, donde se debatió un proyecto presentado en 2007 por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que cuenta con la firma de 70 diputadas y diputados de todos los bloques partidarios.

Entre sus puntos importantes se destacan: el derecho a decidir la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 12 semanas, derecho a acceder a la realización de esta práctica en los servicios del sistema de salud; fuera de ese plazo toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción del embarazo si este fuera producto de una violación, acreditada con denuncia judicial o policial o formulada en un servicio de salud.

La jornada del 4N quedó en un debate porque no hubo quórum, por lo cual la Comisión no pudo emitir dictamen. Pese a los 31 años de democracia, la legalización del aborto sigue siendo la más doliente marca de desigualdad social, ya que los abortos clandestinos son la principal causa de mortalidad materna y afecta, sobre todo, a las mujeres pobres.

La falta de quórum habría obedecido a un accionar dudoso por parte de la presidenta de la Comisión, Patricia Bullrich, de la línea opositora PRO (Propuesta Republicana). Sin embargo, esta es la primera vez que el proyecto pasa la instancia de ingreso y es debatido.

Respecto a la jornada del 4N y el futuro del Proyecto de Aborto Legal, Seguro y Gratuito de la Campaña Nacional, SEMlac dialogó con la abogada feminista Soledad Deza, autora del libro Jaque a la Reina, que versa sobre la realidad del aborto y la situación de las mujeres en Tucumán, provincia ubicada en la región norte de Argentina.

Deza evaluó que "el saldo del 4N es positivo, más allá del gusto amargo de la zancadilla del quórum. Se habló de aborto en el Congreso y quienes somos activistas sabemos de las resistencias que convergen en torno a nuestros 'úteros' a la hora de poner este tema en la agenda".

A la vez, subrayó que en el debate se evidenció que parlamentarias y parlamentarios "saben de las muertes a causa de aborto clandestino, saben que es un problema de salud pública y libertad reproductiva. También conocen la injusticia que implica que una capacidad biológica -la de gestar- nos defina automáticamente como madres y saben también que, desde el derecho, no hay reparos para legalizar el aborto hasta la semana 12. Por ello, quizás el avance más grande es que, aún sin quórum, forzamos un espacio donde muchos de ellos y de ellas tuvieron que reconocerlo públicamente".

SEMlac también consultó a Deza sobre la dudosa estrategia que habría delineado la diputada Bullrich para no lograr el quórum y frenar el dictamen, lo cual lo calificó de "ardid del patriarcado", pero aclaró que "excede la identificación partidaria".

"Atribuir esa trampa a un Partido Político en especial sería minimizar nuestra lucha e ignorar que estamos inmersas en un sistema político que actúa, sutilmente. La trampa de quórum es otro recurso más para evitar debatir y, con ello, fomentar la vigencia de una biopolítica Foucaultiana empecinada en controlar nuestros cuerpos como un dispositivo de restricción de poder", insistió.

El 4N fue una fotografía que reunió los diferentes matices de los discursos a favor y en contra del IVE. Por un lado, los argumentos de quienes defienden la legalización y, por el otro, los grupos anti derechos que, como siempre, equipararon el IVE a un crimen.

En este sentido, Deza remarcó que legalizar el aborto "no es legalizar una muerte, es legalizar la no-maternidad como elección de vida válida. Esa es la discusión que el Patriarcado se niega a dar, pero allí nos movemos y aprendemos a lidiar con estas estrategias parlamentarias injustas e inmorales, pero legales. Como la criminalización del aborto: injusta e inmoral, pero legal".

Mientras sigue en marcha el activismo por la IVE, no se puede ignorar que Argentina se prepara para las elecciones presidenciales del próximo año y "podríamos pensar que por ser un año electoral, en 2015 este tipo de discusiones que movilizan fibras sensibles de la sociedad y ponen en jaque el laicismo del Estado, quedarán relegadas. Sin embargo, no creo que esa sea la tónica de este Gobierno, ya que está en camino un nuevo Código Penal y uno Procesal Penal (…), o sea, que hay proyectos centrales para el diseño institucional que estarán en marcha".

En cuanto al futuro del Proyecto de Aborto Legal, Seguro y Gratuito de la Campaña Nacional, la abogada afirmó que dependerá del grado de compromiso que muestren los 70 firmantes para conseguir las voluntades políticas que faltan, ya que no se trata solo de firmar y ya: "hay que dar quórum, motorizar dictámenes y luego ponerlo en el Recinto para que se debata y se apruebe.

"También dependerá de la capacidad de nuestros representantes para dialogar con una sociedad -que está mucho más empática con la legalización del aborto de lo que la clase política cree- sobre la moralidad de imponer un plan de vida usando la herramienta más violenta del Estado -el castigo penal- como incentivo".

Cuba: Violencia de género y trabajo comunitario, superar los límites

De la redacción
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La Habana, noviembre (Especial de SEMlac).- Incluir la violencia de género en el trabajo comunitario en Cuba implica una alta dosis de voluntad, en opinión de actores y grupos comunitarios que, en la capital cubana, comparten desvelos y dificultades diarias.

Escasos recursos disponibles para promover acciones y actividades, no poder gestionar medios de comunicación propios ni apoyar el emprendimiento económico de mujeres sobrevivientes y víctimas de violencia se incluyen entre las dificultades identificadas por líderes barriales e integrantes de proyectos comunitarios.

A las barreras económicas les siguen el mal trabajo de las autoridades policiales en el tratamiento de la violencia de género; dificultades en la comunicación con los gobiernos locales y el desinterés y desconocimiento en algunas comunidades sobre esta problemática.

Los estereotipos y la poca información que aún existe sobre la violencia machista median en estos procesos, por lo cual activistas realizan talleres sobre autoestima, liderazgo, emprendimiento, género y violencia, entre otros temas.

La capacitación es un paso fundamental en el empoderamiento femenino, en opinión de Leticia Santa Cruz Pérez, coordinadora del proyecto "No a la violencia de género: una respuesta efectiva al VIH-sida".

Vinculado al Centro Nacional de Prevención de ITS/sida (CNPsida), ese programa se inserta en una comunidad de tránsito, un albergue donde viven familias que han perdido su vivienda en el municipio Cerro, al noreste de la capital.

"En su gran mayoría, las mujeres del grupo eran amas de casa, aunque también ejercían otros trabajos en la calle, incluso la prostitución. Estas mujeres ya trabajan y las inducimos a llevar adelante un proyecto de vida, haciendo hincapié en su autoestima, capacidades y superación", comenta Cruz Pérez a SEMlac.

Pero una vez logrados los objetivos de la capacitación, el acceso a los recursos resulta vital para el ejercicio real de la autonomía. "Entonces comienza otro problema, cuando esa mujer empoderada necesita de recursos para emprender", reflexiona.

Para la líder barrial, las nuevas posibilidades de trabajo por cuenta propia y, en especial, la posibilidad de organizarse en cooperativas de producción y servicios pueden ser soluciones posibles en estos casos.

Según experiencias locales, los proyectos autogestionados que brindan a las mujeres una posibilidad de independencia económica suelen ser un paso importante para superar la violencia.

Sandra América Hidalgo, del Taller de Transformación Integral del Barrio (TTIB) Zamora Coco Solo, en el municipio Marianao, en el suroeste de La Habana, da fe de los resultados del proyecto "Fundar una esperanza en emprendimiento femenino", que integran un grupo de mujeres, entre ellas sobrevivientes y víctimas de violencia de género dedicadas a la artesanía.

Creados en 1988, los TTIB se subordinan a los gobiernos municipales en la capital y promueven el desarrollo local mediante la participación ciudadana.

Hidalgo ha visto los cambios que puede hacer en una mujer "ganarse sus kilitos vendiendo lo que pueden hacer con sus manos".

Pero no en todas las comunidades estos sueños pueden ser realidad. Algunas entrevistadas afirman que no siempre las autoridades se interesan y apoyan el trabajo comunitario.

La verticalidad en la dirección y distribución de los recursos también afecta los proyectos sociales, incluso dado el caso de que exista buena comunicación con el gobierno municipal.

¿Estás segura…?

El deficiente trabajo del cuerpo policial es otro problema común para las organizaciones, activistas e instituciones que se enfrentan a la violencia de género.

"Una y otra vez les hacen preguntas a las mujeres cuando van a la delegación a poner la denuncia por agresión", explica Leticia Santa Cruz.

Sin embargo, la mayoría de las personas entrevistadas por SEMlac reconocieron como sus aliados a los oficiales del orden asignados a cada barrio, conocidos como jefes de sector.

En opinión de Caridad Tocaben Martínez, del TTIB de Pilar de Atarés, en el municipio Cerro, el jefe de sector ha sido un colaborador en todo momento. "Participa en los talleres e incluso ha mediado en casos de violencia cuando las mujeres acuden a la unidad de policía correspondiente y no encuentran allí la atención necesaria", apunta.

La ausencia de un protocolo de atención a las víctimas de violencia, que guíe la respuesta de la policía, de profesionales de la salud e incluso de actores comunitarios, limita los esfuerzos de quienes hoy suplen las carencias desde acciones aisladas de sensibilización y capacitación.

"Nosotros podemos llegar hasta un punto", comenta Cruz Pérez, quien aspira a reunir en talleres sobre violencia de género a personal policial e integrantes de su comunidad, pero los excesivos trámites para lograrlo se lo han impedido hasta ahora.

Además de las mujeres, la presencia de los hombres resulta fundamental para la mayoría de las entrevistadas, en algunos casos porque estos facilitan, e incluso permiten, el trabajo con las mujeres de la comunidad.

En el municipio de Marianao, la especialista en trabajo social Sandra América Hidalgo ha probado todo tipo de estrategias para llegar a los hombres de su comunidad, como solicitar su colaboración para cualquier arreglo en la sede del TTIB o "mudar" las sesiones de trabajo a las casas.

"Si alguna compañera tenía que regresar temprano a su casa para preparar el almuerzo de su esposo, nos íbamos para el portal de esa compañera a hacer el taller de autoestima", relata a SEMlac.

Construyendo sueños

Un fuerte compromiso social une a quienes, en sus comunidades, trabajan por contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en los barrios, muchos de ellos con altos niveles de pobreza, viviendas precarias, desempleo, violencia.

Es muy difícil que Rayza Rojas Terán no consiga lo que se proponga. Ella es secretaria Ideológica en Marianao de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), única organización de su tipo en el país que reúne a más de cuatro millones de cubanas.

Rojas Terán lleva 10 años como funcionaria y cree con vehemencia en el trabajo social.

"Llegué a mi trabajo como si hubiera logrado algo muy grande", cuenta a SEMlac en alusión al día en que ayudó a encontrar empleo a una joven que había ejercido la prostitución y, por esa razón, no había sido aceptada en varios centros laborales.

Esta discriminación institucional constituye un tipo de violencia de género poco visible en Cuba, donde las manifestaciones más reconocidas son las agresiones físicas y el maltrato psicológico.

La historia de Rojas Terán resume el entusiasmo y la pasión de una labor social que no carece de riesgos y sobrecarga psicológica.

En la mayoría de los casos, quienes asumen ese encargo social interactúan con mujeres víctimas de violencia, pero también atienden problemáticas de la niñez, de personas adultas mayores, mujeres y hombres sin empleo o que han cumplido prisión.

Ante las dificultades, la formación personal es la herramienta de quienes en el espacio comunitario apuestan por una vida en armonía e igualdad.

Talleres sobre educación y comunicación popular, género, igualdad y desigualdad, diagnóstico participativo, violencia, trabajo con mujeres víctimas, cooperativismo, perspectiva de derechos humanos, trabajo grupal y liderazgo y participación han sido algunos de los temas de especialización.