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Las mujeres en riesgo en Chihuahua: entre la ocupación militar y policiaco, la violencia y el narcotráfico

27 de enero de 2010

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Washington Office Cent Centro de Derechos Humanos on Latin America de las Mujeres

A: Asesores de Política Exterior del Congreso de Estados Unidos

De: Maureen Meyer, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA); Gustavo de la Rosa, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua; Luz Esthela Castro Rodríguez, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)

 Al inicio de su gobierno en diciembre de 2006, el presidente Felipe Calderón puso en marcha una serie de iniciativas para combatir el narcotráfico y la inseguridad en México que incluyó el despliegue de fuerzas policíacas y militares en operativos en varios estados del país. A pesar de estos esfuerzos, no se ha logrado frenar la narcoviolencia en el país; en 2009 se registraron más de 6,500 asesinatos relacionados con el narcotráfico y entre diciembre de 2006 y diciembre de 2009, sumaron más de 15,000 ejecuciones.

Aproximadamente 35% de estas ejecuciones que se registraron en México, ocurrieron en el estado fronterizo de Chihuahua. En 2008, Ciudad Juárez –la ciudad más grande del estado y en la frontera con El Paso, Texas- tuvo una tasa de homicidios de 130 por cada 100,000 habitantes.[1] En 2009, la tasa de homicidios aumentó a 191.[2] En ambos años, Juárez registró la tasa de asesinatos más alta del país y una de las más altas del mundo.[3]

Frente a la violencia en el estado se anunció en abril de 2008 la implementación del Operativo Conjunto Chihuahua (Operativo). Más de 8,000 elementos policiales y militares se trasladaron al estado para realizar tareas de seguridad. A pesar de la presencia masiva de fuerzas de seguridad, la violencia no ha disminuido, por el contrario las extorsiones, robos y asesinatos aumentaron significativamente, igual que denuncias por violaciones a los derechos humanos, afectando particularmente a las mujeres.

En un cambio significativo de estrategia, el gobierno mexicano anunció el 13 de enero de 2010 la transferencia gradual del control del Operativo a la Policía Federal con un nuevo nombre, la “Operación Coordinada Chihuahua.” Unos 2,000 policías federales adicionales han sido enviados a Ciudad Juárez y poco a poco van a asumir todas las tareas de seguridad pública (law enforcement) en el norte del estado. El papel de los militares será principalmente de patrullaje, de monitoreo en las zonas rurales del estado, de trabajo de inteligencia y de implementación de retenes estratégicos.[4] Aunque este cambio de responsabilidades es importante y requiere de una forma más precisa que cada órgano se adhiere a su propio mandato, el ejército y la policía federal han sido acusados de varias violaciones a los derechos humanos que continúan impunes, en el contexto del operativo anti-droga en Chihuahua, mostrando la inhabilidad del gobierno mexicano para asegurar una rendición de cuentas (accountability) por las acciones de sus fuerzas de seguridad.[5]

En el estado de Chihuahua, los feminicidios han sido problemáticos por varios años, existe un amplio margen de impunidad en casos de violencia contra las mujeres y las mujeres han sufrido por ser consideradas como mercancía desechable. A pesar de estos antecedentes, es evidente que el gobierno no previó cómo la presencia de 8,000 soldados y policías federales tendría un grave impacto en esta población vulnerable. Como se describe más adelante, las mujeres han sido hostigadas sexualmente en retenes de seguridad, encabezan la búsqueda de justicia para sus familiares detenidos y desaparecido y cada vez más son blanco de las disputas entre organizaciones traficantes de drogas.

Mujeres: víctimas de acoso sexual de militares y policías

Un ejemplo de los abusos que han sufrido las mujeres como resultado de los operativos ha sido su tratamiento en los retenes de seguridad en el Estado de Chihuahua, donde los soldados y policías han sometido a mujeres a revisiones físicas públicas que incluyen tocamientos de senos y partes íntimas.

El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), con sede en la Ciudad de Chihuahua, recibió el testimonio de Claudia (no es el nombre real), quien el día 4 de noviembre de 2009, en el traslado de su casa a su trabajo en Ciudad Juárez fue detenida por una unidad de militares. Le pidieron que descendiera de su automóvil para revisarlo y ella accedió y les pidió que lo hicieran rápidamente porque no quería llegar tarde a su trabajo. Los soldados se molestaron y le dijeron que entonces también le harían una revisión física a ella. Claudia les preguntó si habría una mujer que pudiera hacer la revisión, pero los soldados sólo se rieron.  “Me tocaron el cuerpo mientras me decían -qué rico hueles güerita-, se burlaban de mí y me recargaron en la camioneta para seguirme revisando como si fuera una delincuente y tocando mis partes íntimas.” Una compañera del trabajo pasó por el lugar y se detuvo a preguntarme qué sucedía y si estaba bien; los soldados se rieron y uno de ellos finalmente dio la orden para que me dejaran ir. “Es algo que me ha afectado pues siento un sentimiento que nunca había sentido de rabia, coraje impotencia y miedo mucho miedo”. No soy la única, “tengo otra compañera que le hicieron lo mismo”.

Gustavo de la Rosa, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua en su oficina en Ciudad Juárez, recibió un testimonio en donde María (no es el nombre verdadero) relata que el día 9 de abril de 2009, fue detenida por un retén de la policía federal en la Avenida Tecnológico en Juárez. La policía revisó el automóvil de la mujer y una agente mujer le solicitó que pusiera las manos sobre el techo de su vehículo para revisarla y asegurarse que no portara armas o drogas. La agente “revisó absolutamente todo el cuerpo, varias veces, especialmente el busto y entre las piernas frente a 6 agentes de la policía que miraban cómo me revisaban sonriendo”. “No lloré, ni mucho menos, al principio me dio mucho miedo, después me puse muy nerviosa, y al final me dio mucho coraje, es un claro abuso de autoridad, pero de nuevo… ¿una qué puede hacer?”

A la luz de éstos y otros hechos que ha presenciado, Gustavo de la Rosa protestó ante la policía federal manifestándoles que únicamente pueden revisar corporalmente a las mujeres que han sido detenidas previamente en flagrancia. En respuesta, el Comandante de nombre José Castillo refirió que ellos “tienen instrucciones de revisar a las mujeres para buscar que no traigan armas o droga en su cuerpo aunque no se tenga ninguna evidencia previa y que la agente pone especial atención en el busto por que las mujeres ponen la droga en el brasier, en las pantaletas e incluso en la vagina”.

Mujeres: víctimas indirectas

Las mujeres son también víctimas indirectas de los abusos de los cuerpos policíacos y militares. Ellas son las principales testigos que observan cómo soldados entran a sus domicilios y se llevan a sus hijos y esposos, sin órdenes judiciales. La desesperación de no saber dónde se encuentran sus familiares las lleva a buscarlos y a exigir a los militares que presenten a sus familiares a las autoridades correspondientes.

En su trabajo como visitador, Gustavo de la Rosa ha documentado 220 casos de mujeres que buscan a sus familiares o han denunciado abusos en contra de ellos. Muchas mujeres tienen que solicitar ingresar a los cuarteles para buscar a sus familiares. Los militares responden con groserías y burlas negándoles que estén detenidos a pesar de que ellas mismas han sido testigos de cómo los soldados, en sus uniformes y vehículos oficiales, se los llevan de sus casas.

El 29 de diciembre de 2009, diez militares con uniformes, armas y cascos del ejército detuvieron de manera arbitraria a José Ángel Alvarado Herrera, a su prima Nitza Paola Alvarado Espinoza, de 31 años de edad, madre de tres niñas y a Rocío Irene Alvarado Reyes, de 18 años, en la comunidad de Benito Juárez de Buenaventura, Chihuahua. La familia denunció los hechos inmediatamente ante la policía de la comunidad y ante la Procuraduría General de Justicia del Estado con sede en Nuevo Casas Grandes, donde se negaron a tomarles la denuncia. Fue hasta el 31 de diciembre cuando el Ministerio Público de Buenaventura accedió a tomar la denuncia correspondiente y ese mismo día informó a la familia que “tenía información que las tres personas se encontraban en el batallón 35 de infantería y que los estaba investigando el ejército”.[6] No obstante, hasta el día de hoy, se desconoce el paradero de José Ángel, Nitza y Rocío. La desaparición forzada, de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas constituye un grave delito y “cuando las mujeres son las víctimas de desapariciones, se hacen particularmente vulnerables a la violencia sexual y de otro tipo”.[7]

El 3 de enero de 2009, fue asesinada Josefina Reyes por un grupo armado en Ciudad Juárez. Josefina había denunciado públicamente la desaparición de uno de sus hijos a manos del ejército mexicano. Desde 2008 Josefina participó activamente en las protestas en contra de la violencia en la ciudad y las violaciones a los derechos humanos perpetrados por los militares. Según un testigo, Josefina estaba luchando en contra de los hombres que intentaron secuestrarla y le dijeron “te crees muy chingona porque estas con las organizaciones” luego la mataron con un tiro a la cabeza. El asesinato de Josefina permanece impune y las autoridades no han informado sobre los avances en las investigaciones.[8]

Violaciones sexuales por parte de grupos armados

El CEDEHM tiene conocimiento de 12 casos de violaciones sexuales tumultuarias contra mujeres perpetradas por hombres armados en el estado de Chihuahua entre 2008 y 2009. En el contexto de inseguridad e impunidad, es difícil saber en la mayoría de los casos si los responsables son militares, policías o grupos de la delincuencia organizada. Al mismo tiempo, muchas mujeres que son víctimas de violencia sexual por parte de grupos armados tienen miedo a denunciar los hechos porque son amenazadas de muerte.

De los casos de violaciones sexuales tumultuarias conocidos, sólo una mujer denunció al CEDEHM los hechos. En 2008, fue interceptada por tres hombres armados, quienes la llevaron a un despoblado y la violaron después de amenazarla con hacerle daño en caso si se atrevía a denunciarlos. Ella acudió a presentar la denuncia y los hombres cumplieron sus amenazas: le cortaron tres dedos y le quemaron las plantas de los pies.[9]

Asesinatos de Mujeres

Chihuahua y Ciudad Juárez han sido conocidos internacionalmente por el fenómeno de los feminicidios aún sin resolver. El estado de Chihuahua es la entidad federativa de México con mayores recomendaciones por instancias nacionales e internacionales de derechos humanos por la violación de derechos humanos en contra de las niñas y mujeres.  Sin embargo, el día de hoy, es aún más riesgoso vivir en el estado de Chihuahua por los altos índices de asesinatos y secuestros, que afectan a mujeres y niñas.

De acuerdo a la Unidad Especializada en Delitos Contra la Vida de la Subprocuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua, 184 mujeres fueron asesinadas en 2009, un récord de asesinatos de mujeres que triplica el registro más alto de los años más críticos del feminicidio en Juárez. De estos asesinatos, solamente 25 son investigados por la Fiscalía Especializada en Homicidios contra Mujeres por ser considerados un asunto de género y no del crimen organizado.[10] Otras de estas mujeres fueron asesinadas con gran violencia sexual y física por comandos armados con armas de alto poder.

En noviembre de 2009, horas después del asesinato de dos mujeres en Ciudad Juárez, aparecieron narco-graffitis que hacen referencia explícita a estos asesinatos. En este caso parece que uno de los cárteles habría dado la orden de matar a las familias de los miembros del cartel enemigo, incluidas las mujeres y en su mensaje escrito en represalia los rivales amenazaron hacer lo mismo contra los familiares del otro cartel. El gobierno federal ha declarado que “las mujeres en (este) momento de guerra entre el narco están siendo el arma y la herramienta para humillar al otro (…) las mujeres se están volviendo el botín de guerra del narco.”[11]

Todo lo anterior demuestra que las mujeres son víctimas directas e indirectas del narcotráfico, de la violencia y de los abusos militares y policíacos sin que el gobierno mexicano tome medidas efectivas para protegerlas y sancionar a los responsables de los abusos. El gobierno de Estados Unidos ha apoyado al gobierno de Felipe Calderón en sus esfuerzos para combatir el narcotráfico, en particular a través de la Iniciativa Mérida. No obstante, el respeto a los derechos humanos debe ser considerado un componente esencial de los esfuerzos del gobierno para garantizar a la seguridad, no un obstáculo.

Recomendaciones

  1. Cuando el Congreso de Estados Unidos proporcionó los fondos a México bajo la Iniciativa Mérida, reconoció la necesidad de asegurar que hubiera avances en el respecto a los derechos humanos en México, ya que especificó que 15% de los fondos no podrían ser liberados hasta que el Departamento del Estado reportara sobre el cumplimiento del gobierno de México sobre ciertos requisitos de derechos humanos. En su revisión del próximo informe del Departamento del Estados, solicitamos que el Congreso ponga una atención particular en la información sobre las consecuencias de la presencia militar y de policía federal en los operativos anti-droga en los derechos de las mujeres y los esfuerzos del gobierno mexicano para proteger a las mujeres y de investigar y sancionar a los responsables de violaciones a sus derechos humanos.
  2. Dado el aumento en amenazas y ataques en contra de defensores de derechos humanos en el estado de Chihuahua, el Congreso de Estados Unidos debe solicitar que el Departamento del Estado exprese al gobierno de México su preocupación por los riesgos que enfrentan los defensores de derechos humanos de Chihuahua y solicite que el gobierno asegure la protección de los/las integrantes del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres que cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la seguridad de Gustavo de la Rosa, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos quien ha denunciado públicamente los abusos del ejército en Juárez y quien ha sido sujeto a amenazas de muerte vinculadas con su labor de defensor de los derechos humanos.

 


 

Referencias

[1]Juárez, la ciudad más violenta del mundo,” El Economista, 26 de agosto de 2009. http://eleconomista.com.mx/notas-online/politica/2009/08/26/ciudad-juarez-mas-violenta-mundo
[2] Figueroa, Martha Elba. “De lejos siguen a Juárez otras ciudades violentas.” El Diario, 11 de enero del 2010 http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=64e6019218ba406c1de65a98b5c34fb6
[3] http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/477776.ciudad-juarez-la-mas-violenta-del-mundo.html
[4] Stratfor Global Intelligence, Mexico Security Memo, 18 de enero de 2010.
[5] En Chihuahua, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Comisión), recibió tres denuncias de violaciones a los derechos humanos en contra del ejército en 2007. Un año después, cuando comenzó el Operativo, recibió 162 quejas de las cuales 88 fueron interpuestas por mujeres. En los primeros 10 meses de 2009, la Comisión había recibido 149 quejas, algunas de ellas por tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales; 78 de estas quejas fueron interpuestas por mujeres. Al mismo tiempo, de las 886 denuncias recibidas en el Programa de Quejas y Denuncias de la Operación Conjunta Chihuahua, 400 eran contra elementos de la policía federal. Respuesta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a la solicitud de acceso a la información elaborada por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Puede ser consultado en la solicitud No. 035122009 en http://infomex.transparenciachihuahua.org.mx/infomex/ )
[6] Acción Urgente 9/10 – Detención arbitraria de tres personas por el Ejército en México, 12 de enero de 2010. También se puede consultar: CEDEHM, “Acción Urgente por la desaparición forzada a manos del Ejército de dos mujeres jóvenes y un hombre en Chihuahua,” 11 de enero de 2010.
[7] Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Desapariciones forzadas o involuntarias. Folleto informativo No. 6/Rev.3 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet6Rev3_sp.pdf
[8] Amnistía Internacional, Acción Urgente 01/10, “Defensores de Derechos Humanos en riesgo después de asesinato en México,” 5 de enero de 2010.
[9] Por cuestiones de seguridad no se puede divulgar más información sobre este caso.
[10] Saavedra, Héctor, “Ciudad Juárez supera 2,600 muertes en 2009 y es urbe más violenta de México,” EFE, 31 de diciembre de 2009. http://www.elperiodicodemexico.com/nota.php?id=330410#Scene_1
[11] 17 de noviembre de 2009. El Economista  “Mujeres, botín de guerra para el narco: SEGOB”. Declaraciones de Laura Carrera, Titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del Gobierno Mexicano.